La cadena Pandanés llegó a operar 25 sucursales en el área metropolitana y empleaba a 150 personas. En los últimos meses cerró todos sus locales y, según consta en el expediente judicial, arrastra una cesación de pagos desde octubre de 2025. Al presentar el pedido de quiebra ante el Juzgado Comercial N.º 15, la empresa alegó una caída del consumo que superó el 50% de su volumen histórico, un incremento sostenido de los costos y el sobredimensionamiento de su planta industrial.

Esa planta, de 1.778 metros cuadrados, fue inaugurada en noviembre de 2022 cuando el negocio crecía y estaba dimensionada para abastecer hasta 50 locales propios. Con el cierre de sucursales, la capacidad instalada quedó muy por encima de la necesaria mientras los costos fijos, entre ellos alquiler, energía y personal, se mantuvieron sin cambios.

La empresa también señaló el encarecimiento de insumos clave, en particular la harina, afectada por la suba internacional del precio de los granos, así como el aumento de servicios y salarios actualizados por paritarias. Según Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés, esos factores "provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos". La compañía reconoció haber intentado renegociar alquileres, cambiar proveedores y llegar a acuerdos con el fisco, pero afirmó que esas medidas no alcanzaron para revertir la situación.

El juez Pablo Frick rechazó el pedido de quiebra y ordenó la apertura de un registro por cinco días para que acreedores, cooperativas u otros interesados puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o adquirir las cuotas sociales. El magistrado fundamentó la decisión en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que establece que el procedimiento de salvataje debe agotarse antes de declarar la quiebra cuando se cumplen los requisitos legales. El pasivo de la empresa rondaba los 1.200 millones de pesos al momento del concurso preventivo.

La sindicatura detectó, además, que la empresa no habría acreditado el pago de aportes a la obra social, la ART y el seguro de vida de sus empleados entre marzo y julio de 2026, e intimó a Pandanés a regularizar esos compromisos.

Los 150 trabajadores despedidos enfrentan una situación particular: recibieron la notificación por WhatsApp en la madrugada de un viernes y todavía no cuentan con los telegramas formales de despido. Los locales tienen las cerraduras cambiadas y no pueden ingresar a retirar sus pertenencias. "Tienen secuestradas nuestras cosas y lo único que nos dijeron los encargados es 'hablen con el sindicato'", relató uno de los empleados. Daniel Rodríguez, secretario de Organización de la UPPA (Unión Personal de Panaderías y Afines de la Capital Federal), señaló que "se quedaron hasta con las propinas". Una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo porteña quedó sin representación empresaria. Para cobrar sus indemnizaciones, los trabajadores deberán iniciar reclamos individuales.

El sector de la panificación atraviesa, según la propia documentación judicial, una "crisis profunda y estructural" con cierres generalizados y retracción de la demanda. ¿Cuánto cambió tu consumo en panaderías y productos de panadería en el último año?