La Legislatura del Chaco analiza un proyecto que busca crear una Red Provincial de Salud Mental Comunitaria. La propuesta no parte de cero: apunta a articular los dispositivos, programas y profesionales que ya integran el sistema público bajo un esquema coordinado y con mayor presencia territorial.

El modelo plantea dividir la provincia en nodos regionales de salud mental, alineados con las regiones sanitarias existentes. Cada nodo deberá relevar la situación de su población, los servicios disponibles y las barreras de acceso, e incorporar progresivamente equipos con psicólogos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y acompañantes terapéuticos.

Las tareas previstas incluyen consultas ambulatorias, visitas domiciliarias, intervenciones en crisis y seguimiento posterior a internaciones. También se contempla la creación de centros comunitarios, hospitales de día, espacios de rehabilitación psicosocial y dispositivos de acompañamiento familiar, con énfasis en la integración educativa, laboral y social.

Uno de los ejes centrales es garantizar que ninguna persona quede sin acompañamiento después de atravesar una crisis o una internación. Para eso, el proyecto establece la obligación de elaborar un Plan Individual de Cuidados en los casos que lo requieran, con un equipo responsable designado y un abordaje que contemple las necesidades familiares y comunitarias del paciente.

En materia de urgencias, la iniciativa propone una estrategia provincial de atención de crisis disponible las 24 horas durante todo el año. Cada región deberá definir protocolos para recibir consultas, evaluar al paciente, actuar ante situaciones de riesgo y garantizar la continuidad del seguimiento.

La prevención del suicidio tiene un lugar específico dentro del proyecto, que propone integrar los programas provinciales vigentes, priorizar el seguimiento de personas en situación de riesgo y desarrollar acciones de posvención para quienes atraviesan el duelo por estas situaciones. Los trabajadores de los servicios involucrados recibirán capacitación específica.

De convertirse en ley, el Ministerio de Salud contará con 180 días para elaborar un Plan Provincial de Implementación que identifique los servicios actuales, las zonas con mayor déficit de cobertura y las necesidades de infraestructura y personal. El plan deberá fijar metas concretas para el primero, segundo, tercero y quinto año de funcionamiento. Anualmente, la cartera sanitaria tendrá que presentar un informe ante la Cámara de Diputados con los avances alcanzados y la ejecución presupuestaria.

Entre los antecedentes que inspiran la propuesta figuran las experiencias de equipos territoriales de Salud Pública y el Programa Integral Fortaleza, con la intención de consolidar una política sostenible en el tiempo.

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