Cada vez que se hace una transferencia desde el celular, hay un sistema de monitoreo detrás. Ahora ese sistema suma datos nuevos: el Banco Central comenzó a distribuir información pública entre los administradores de transferencias inmediatas para que construyan un perfil de riesgo por cada usuario. Esos indicadores llegan sin costo a bancos, fintech y proveedores de billeteras digitales.

La herramienta no reemplaza los modelos antifraude que cada empresa ya tiene. Funciona como una capa adicional que permite cruzar el comportamiento dentro de una plataforma con datos externos. Una cuenta puede parecer normal si solo se mira lo que hace adentro de una billetera; con información más amplia, ciertos patrones cobran otro significado.

Las entidades pueden usar esos perfiles de tres maneras: al incorporar un cliente nuevo, durante el monitoreo habitual de transacciones y en las revisiones periódicas que exigen las reglas de conocimiento del cliente, conocidas como KYC. El foco está puesto en cuentas que canalizan dinero hacia circuitos de apuestas clandestinas, aunque el esquema también cubre otras modalidades de fraude electrónico.

El contexto da una idea del volumen en juego: solo en julio se realizaron 777 millones de transferencias inmediatas por un total de 99,5 billones de pesos, con un crecimiento del 22,2% respecto al mismo mes del año anterior. Tres de cada cuatro operaciones usaron una Clave Virtual Uniforme, lo que muestra el peso que tienen las fintech dentro del sistema.

La regulación va más allá del sistema de perfiles. A partir de la normativa publicada en el Boletín Oficial el 1° de septiembre, las entidades financieras deben incorporar el fraude, tanto interno como externo, a su gestión de riesgo operacional. Esto implica definir políticas antifraude, establecer niveles de tolerancia y designar a un responsable específico de esa función. Los bancos deberán reportar al directorio sobre la gestión del fraude al menos una vez por trimestre.

Para las billeteras y demás proveedores de cuentas de pago, el calendario es más gradual. Entre septiembre y diciembre de este año deben definir estructuras y políticas; durante 2027 avanzarán en la documentación de procedimientos y en una autoevaluación de cumplimiento. El régimen entra en plena vigencia en septiembre de 2027, cuando cada proveedor deberá presentar un informe firmado por su máxima autoridad y certificado por un auditor externo.

Para los usuarios, el cambio es invisible en el uso diario, pero puede traducirse en mayor protección ante maniobras de fraude. ¿Notaste alguna vez un movimiento sospechoso en tu cuenta o billetera? Contanos tu experiencia en los comentarios.