Los argumentos de apertura del juicio contra Meta comenzaron el 18 de agosto en un tribunal federal de California, estado donde la empresa tiene su sede. Los primeros demandantes son los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey; otros 25 estados tienen previsto llevar adelante procesos propios en etapas posteriores.

La demanda acusa a Meta de haber diseñado y mantenido mecanismos en Facebook e Instagram orientados específicamente a captar y retener a usuarios jóvenes, con pleno conocimiento de los riesgos para la salud mental que eso implicaba. Según los fiscales, la motivación central fue maximizar ingresos publicitarios, que representan el 98% de la facturación de la compañía.

El fiscal general de California, Robert Bonta, afirmó que Meta "diseñó un producto peligroso para los usuarios jóvenes", era consciente de ese peligro y "luego mintió a los niños, a las familias y a la comunidad sobre el grado de dicho peligro".

Además del diseño adictivo, la acusación sostiene que la empresa recopiló información personal de menores de 13 años sin las autorizaciones requeridas por la Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) y otras normas de protección al consumidor.

El monto reclamado —más de 1,4 billones de dólares— equivale, según reconoció la propia compañía en un expediente judicial, a prácticamente toda su capitalización bursátil. James Grimmelmann, profesor de derecho en Cornell, señaló que una sanción de esa magnitud "llevaría a Meta a la bancarrota" y podría derivar en que los estados demandantes terminen siendo propietarios de la empresa, aunque calificó ese escenario como extremadamente improbable. Los especialistas consideran que el tribunal tiene amplio margen para fijar una cifra menor si determina la responsabilidad de Meta.

El antecedente más reciente es un fallo en Nuevo México donde Meta fue condenada a pagar 567 millones de dólares a un fondo de salud mental juvenil, más otros 375 millones en un proceso anterior de marzo de este año, ambos por no proteger adecuadamente a los menores en sus plataformas.

Un resultado adverso en Oakland obligaría a la empresa a modificar algoritmos, ampliar restricciones en el acceso de menores y reforzar controles sobre el uso de datos. Meta ya introdujo en los últimos meses cuentas privadas por defecto para adolescentes en Instagram, herramientas de control parental y sistemas de inteligencia artificial para verificar la edad real de los usuarios.

Varios analistas comparan este proceso con las demandas masivas contra las tabacaleras en los años noventa, que terminaron transformando toda la industria del tabaco. ¿Debería la ley obligar a las plataformas a demostrar que sus algoritmos no perjudican a los menores antes de poder operar?