Dos conductores de camiones de nacionalidad boliviana recibieron condenas de cuatro años y ocho meses de prisión por intentar sacar de la Argentina más de 35 toneladas de un precursor químico controlado con destino a Bolivia. La sentencia fue homologada el 22 de octubre por la jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta.

Los condenados, Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, aceptaron las penas propuestas por la fiscalía a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero, de la Sede Descentralizada Orán, mediante acuerdos plenos. Fueron declarados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos mediante documentación adulterada, en grado de tentativa, y del ingreso de esas sustancias a zona de frontera sin autorización.

La operación fue descubierta el 16 de marzo de 2026, cuando personal de Gendarmería Nacional controló dos camiones en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, en Salta. Los vehículos trasladaban 191 tambores con 35.144 kilos de acetato de etilo: 95 en uno y 96 en el otro. La documentación presentada establecía que la carga debía salir por el paso de Salvador Mazza con destino a Cochabamba, pero los camiones habían recorrido el norte y el litoral argentino hasta llegar a Aguas Blancas. Además, al cotejar los permisos con el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre), los investigadores comprobaron que las patentes de los vehículos no estaban habilitadas para esa operación.

La fiscalía determinó que la autorización había sido adulterada: alguien incorporó las patentes de los camiones a un documento con el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica del Estado para darle apariencia de legalidad al traslado. Un peritaje de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal confirmó que la sustancia era efectivamente acetato de etilo, incluido en el listado del Renpre por su potencial uso en el refinamiento de clorhidrato de cocaína.

La investigación tuvo alcance internacional. La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) articuló el intercambio de información con autoridades bolivianas, lo que permitió incorporar documentación de allanamientos realizados en ese país. Uno de los depósitos inspeccionados, en Cochabamba, pertenecía a la firma indicada como destinataria final de la carga y no estaba habilitado para almacenar sustancias químicas.

Además de las penas de prisión, los condenados recibieron inhabilitación absoluta por igual plazo y sanciones accesorias previstas en el Código Aduanero. El tribunal dispuso el decomiso de los 35.144 kilos de acetato de etilo, valuados en más de 167 millones de pesos, y de los celulares de los acusados. En el caso de Puma García, el decomiso incluyó también el tractor y el semirremolque utilizados para transportar la carga.

¿Qué otros controles sobre precursores químicos se realizan en los pasos fronterizos del norte argentino? Los lectores pueden dejar su opinión en los comentarios.