El sábado 3 de octubre, al regresar a su casa del paraje Los Flotadores, cerca de Esquina, un productor ganadero encontró la puerta forzada y el dinero que guardaba desaparecido: 14 millones de pesos y 3.900 dólares que había cobrado días antes por la venta de hacienda.

Cuando los policías llegaron al lugar y comenzaron a entrevistar a los vecinos del paraje, el testimonio de un peón resultó determinante. El trabajador contó que al atardecer había visto llegar a uno de los hijos del dueño de casa en una moto y que estuvo adentro solo unos minutos. Nadie más había ingresado a la propiedad durante el día.

Con esa información, la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), a cargo de la fiscal Analía Granero, identificó como principal sospechoso a Ian Pablo Enrique, de 18 años, hijo del denunciante. Los padres lo citaron para que hablara con los investigadores.

El joven, que ya no vivía en la casa familiar, llegó en la misma moto que había descrito el peón. Al principio negó cualquier participación, pero terminó confesando: el dinero estaba en la casa de su novia, en Esquina. Un allanamiento permitió recuperar 14 millones de pesos y 2.100 dólares. El resto de los billetes en moneda extranjera no apareció; los investigadores buscan establecer si fueron entregados a un tercero para cambiarlos.

Pocas horas después del allanamiento, un juicio abreviado concluyó con una condena de tres años de prisión en suspenso. Al no superar el umbral que habilita la prisión efectiva, el joven recuperó la libertad.

La Policía también investiga si la misma persona estuvo detrás de otro robo ocurrido meses antes en la casa de su abuelo, donde desaparecieron 18 millones de pesos en efectivo. En ese caso, la Justicia había detenido a un peón de la víctima pero lo liberó de inmediato por falta de pruebas.

¿Debería revisarse el uso del juicio abreviado en casos de robo familiar donde el imputado queda en libertad inmediata?