El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial —conocido como AI Act— activó el 2 de agosto de 2026 sus obligaciones de transparencia, convirtiéndose en el primer marco normativo integral del mundo en regular el desarrollo y uso de inteligencia artificial. El eje de esta nueva fase es el Artículo 50, que impone deberes claros sobre cómo identificar los sistemas automatizados ante los usuarios.

La regla más directa afecta a cualquier empresa que despliegue asistentes virtuales o chatbots: cuando un usuario interactúa con un sistema basado en IA, debe recibir un aviso explícito de que está conversando con una máquina y no con una persona. La única excepción admitida es que el contexto lo haga evidente por sí mismo. La norma prohíbe expresamente el uso de diseño engañoso para ocultar ese aviso.

El segundo conjunto de obligaciones apunta al contenido generado o manipulado por inteligencia artificial. Imágenes, videos, audios y textos producidos por IA deben llevar identificadores técnicos o metadatos que permitan reconocerlos como sintéticos. Esto incluye los deepfakes, es decir, videos o audios en los que una persona real aparece diciendo o haciendo algo que no ocurrió. La exigencia busca que las herramientas de detección automática puedan funcionar cuando ese contenido circule en plataformas o buscadores.

No todos los sistemas tienen el mismo plazo. Los comercializados antes del 2 de agosto de 2026 cuentan con tiempo hasta el 2 de diciembre de ese año para adaptar el etiquetado de contenido sintético. Sin embargo, el deber de informar sobre chatbots rige desde el primer día, sin período de gracia.

Las obligaciones también alcanzan a los grandes proveedores de modelos de propósito general. Empresas como OpenAI, Google, Meta, Anthropic, Mistral y Microsoft deben documentar las capacidades, limitaciones y datos de entrenamiento de sus sistemas, y poner esa información a disposición de las autoridades regulatorias de la Unión Europea.

El incumplimiento puede costar hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación global anual, lo que resulte mayor. Las sanciones son responsabilidad de las autoridades nacionales de cada Estado miembro, bajo la supervisión de la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea.

El AI Act fue aprobado en 2024 y se está implementando de forma gradual. Las primeras prohibiciones de prácticas de alto riesgo entraron en vigor en febrero de 2025; las obligaciones de agosto representan el siguiente escalón. Las exigencias más estrictas, para sistemas considerados de alto riesgo, comenzarán a aplicarse más adelante en el mismo año.