En la ciudad de Neuquén, la concesionaria Pire Rayen Automotores S.A. ha sido señalada por usuarios que denuncian maniobras administrativas ilegales orientadas a dificultar la cancelación de débitos automáticos vinculados a vehículos cuyos titulares no son quienes figuran como responsables del pago. Las objeciones surgen a partir de casos en los que se habrían exigido condiciones ajenas a la normativa vigente para procesar una baja solicitada por el titular de la cuenta bancaria.

¿Desprolijidad o ingeniería administrativa?

Un caso particularmente documentado con audios y mensajes, se observaron respuestas contradictorias: mientras en la atención presencial se informó que la baja del débito no presentaría inconvenientes, posteriormente se habría requerido la firma del titular registral del vehículo para autorizar la anulación del débito, aún cuando esa persona no tenía relación con la cuenta desde la cual se efectuaba el pago.

Este tipo de práctica, si efectivamente se confirma su carácter sistemático, podría constituir una maniobra orientada a obstruir el ejercicio de derechos básicos y garantizar la continuidad de cobros no autorizados, utilizando barreras administrativas como método de presión o dilación.

El marco normativo es claro: el consentimiento es revocable

Según lo establece el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el consentimiento para el débito automático es revocable en cualquier momento por parte del titular de la cuenta, sin requerir el aval del proveedor del servicio ni de terceros beneficiarios. Esta disposición está contenida en múltiples comunicaciones oficiales, como la A6885, que protege explícitamente los derechos de los consumidores financieros.

Exigir la firma de un tercero para aceptar una revocación constituiría una violación de esta normativa, y eventualmente podría encuadrarse como una retención indebida de fondos.

La dimensión ética y la necesidad de esclarecimiento:
Más allá del encuadre legal, el hecho de condicionar la baja de un débito a la presentación de documentación ajena al titular de la cuenta plantea interrogantes éticos y reputacionales relevantes. Si una empresa adopta como práctica la dilación de procedimientos de baja, la sospecha de una estrategia deliberada para preservar flujos de cobro sin consentimiento se vuelve inevitable.

Es fundamental que las instituciones que operan con sistemas de débito automático actúen con absoluta transparencia, apego a la ley y compromiso con los derechos del consumidor. El abuso de estructuras administrativas, aunque no se configure como delito penal, puede socavar la confianza pública y configurar escenarios de presión económica ilegítima.

Corresponde que las autoridades de defensa del consumidor, el Banco Central y eventualmente la justicia analicen estas situaciones a la luz de las pruebas que surjan en cada caso particular. Mientras tanto, los usuarios deben estar informados: ninguna empresa puede obligarte a sostener un débito automático si no existe voluntad expresa y actual para mantenerlo.

Pire Rayen, como cualquier concesionaria o empresa proveedora de servicios, tiene la obligación de garantizar procedimientos de revocación claros, legales y accesibles. La negativa a hacerlo, incluso si se disfraza de requerimientos administrativos, merece ser revisada, denunciada y, si corresponde, sancionada.

Usted, estaba al tanto de este tipo de maniobras por parte de concesionarias Neuquinas como Pire Rayen?